El Estado pagó 40.000 euros por viudedad al asesino de su esposa

La justicia descubre ahora que el condenado cobra pensión desde el crimen

Un hombre encarcelado por apuñalar hasta la muerte a su mujer en 2005 cobra una pensión de viudedad reconocida desde el día después del asesinato. Llorenç Morell, condenado a 18 años de prisión por la Audiencia de Girona en 2007, recibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 592 euros al mes más dos pagas extraordinarias. El hombre ha cobrado hasta la fecha más de 40.000 euros de las arcas públicas. Mientras, la familia de la víctima todavía no ha cobrado la indemnización de 85.000 euros que fijó el juez que dictó la sentencia. "Es escandaloso e inadmisible", declaró ayer el abogado de la familia, Carles Monguilod.

Consol Galceran tenía 55 años cuando fue asesinada. La madrugada del 21 de julio de 2005 salió de su casa de Sils (Girona) junto con su marido. Morell llevaba escondido entre la ropa un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Poco después, el vehículo en el que viajaban chocó contra un muro en un camino cercano al pueblo, por causas que no se aclararon durante el juicio. El hombre aprovechó para asestarle 10 puñaladas por la espalda, como recogió la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Girona en octubre de 2007 -ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2008-. A la mujer la encontró muerta un vigilante de un polígono cercano a las 3.30 de la madrugada.

Morell intentó entonces ocultar su responsabilidad en el crimen. Tras matar a Galceran, volvió a casa y limpió el cuchillo. Cuando la policía acudió a comunicarle la muerte de su esposa, se mostró sorprendido y abatido. Dijo incluso que ella llevaba 300 euros en el bolso el día de los hechos, lo que llevó a la policía a pensar que el móvil del asesinato había sido el robo. Tras descartar esa línea de investigación, sin embargo, los Mossos d'Esquadra le detuvieron el 31 de octubre. Poco después Morell confesó. "El asesino estuvo tres meses libre hasta ser detenido. En ese tiempo se comportó con normalidad para no levantar sospechas y entre otras cosas gestionó la pensión", explicó Monguilod.

Una vez la sentencia fue firme, el abogado de la familia solicitó la ejecución para que la familia de la víctima (dos hermanos y un hijo) pudiese cobrar la indemnización fijada por el juez. La Audiencia solicitó entonces al INSS información sobre si el condenado recibía alguna pensión que pudiese ser embargada. La respuesta del INSS, como relató ayer el diario El Punt Avui, fue sorprendente: el asesino cobraba una pensión de viudedad por la muerte de su esposa y el INSS no podía embargarla porque no supera el salario mínimo profesional. Llamativo cuando fue el propio Ministerio de Trabajo, al que está adscrito el INSS, quien se personó como acusación en el juicio contra Morell a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. "Recibimos la notificación hace 15 días. Cuando la familia se enteró montó en cólera", dijo Monguilod. Rosa Galceran, hermana de la víctima, prefirió ayer no hacer declaraciones.

El condenado estaría obteniendo la pensión de forma indebida. Lucía Ruano, magistrada de Trabajo, explica que la legislación regula casos como el suyo. "Ya en 1967 una orden ministerial de regulación de las pensiones de viudedad (que aún se aplica) establecía que esa prestación debe quedar extinguida si el beneficiario ha sido condenado en sentencia firme como culpable de la muerte del causante de la pensión", dice.

Además, añade esta experta, la ley de Seguridad Social de 2007 perfeccionó y desarrolló ese punto al fijar que los condenados en firme por homicidio o lesiones no podrán obtener la pensión de viudedad de su víctima (esposa o pareja); a no ser "que haya reconciliación entre ellos". Una medida que fue incluida también en la ley contra la violencia de género.

Fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista creen que lo ocurrido con Morell puede deberse a un error administrativo. Equívoco, dicen, que pudo producirse porque el condenado solicitó la pensión y la obtuvo antes de ser detenido y posteriormente condenado por el asesinato de su esposa. No es la primera vez que ocurre, explican fuentes del Ejecutivo. Se ha dado algún caso en mujeres desaparecidas o en los que la mujer falleció meses después de la agresión.

Lo que parece claro es que ha fallado la comunicación o la inscripción de la condena en firme de Morell. Para evitar ese tipo de lamentables errores, se aprobó hace cuatro años el registro para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género. Un sistema que agiliza la comunicación de condenas entre los ministerios de Justicia y Economía y la Seguridad Social para que los agresores no puedan beneficiarse de pensiones por su condición de pareja o expareja de una víctima.

La familia, dice Ruano, tiene opción para actuar. "Pueden pedir, además, que se reintegre lo obtenido. El suyo es un supuesto de extinción de la pensión clarísimo", dice la magistrada. Mientras, la Audiencia ha acordado remitir un oficio al INSS en el que remarca que Morell fue condenado por el asesinato de su esposa, cuya muerte es la causa de que se le asignase una pensión. El abogado de la familia ha instado a la Audiencia a que pida toda la información sobre el pago de la pensión y sobre los movimientos de la cuenta del asesino para averiguar el destino del dinero.


Fuente: El Pais (España)